Para ello ha recurrido al artículo 134 de la Constitución, que permite vetar propuestas parlamentarias que supongan una disminución de los ingresos públicos.
La norma, en tramitación desde 2025 y centrada inicialmente en reforzar el control sobre los criptoactivos, ha incorporado más de 70 enmiendas con un alcance fiscal más amplio.
Entre las iniciativas vetadas figura una propuesta del PP para actualizar los primeros tramos del IRPF y varias deducciones familiares conforme a la inflación, con un coste estimado de 529 millones de euros.
También han sido rechazadas enmiendas del BNG para rebajar el IVA de productos y servicios como pañales para adultos, actividades culturales, peluquerías, productos pesqueros y servicios veterinarios, además de eliminar determinados impuestos energéticos y eximir algunas pensiones procedentes del extranjero.
Asimismo, el Ejecutivo ha frenado varias propuestas de Sumar para ampliar deducciones familiares y exenciones fiscales vinculadas a ayudas sociales y eficiencia energética.
Por último, ha vetado iniciativas de Junts para desgravar el seguro sanitario privado en el IRPF, ampliar incentivos fiscales a pymes y autónomos y eliminar el Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica, al considerar que reducirían de forma significativa los ingresos públicos.
