Según el Índice, España ocupa el puesto 34 de 38 países de la OCDE, con 57,9 puntos sobre 100, situándose 11,5 puntos por debajo de la media de la UE y 12,2 por debajo de la OCDE. Desde 2018 ha perdido cinco posiciones, reflejando un deterioro de su competitividad fiscal. Los países mejor clasificados, como Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza o Luxemburgo, destacan por sistemas más simples y favorables a la inversión.
Principales conclusiones:
• España ocupa el puesto 34 de la OCDE en competitividad fiscal.
• La presión fiscal normativa es un 17% superior a la media de la UE.
• El esfuerzo fiscal de los contribuyentes supera en un 14,1% la media europea y alcanza el 16,5% en impuestos directos.
• Las empresas soportan una carga fiscal superior a la europea: representan el 33,9% de la recaudación total frente al 26% de la UE.
• Entre 2018 y 2024, la presión fiscal empresarial aumentó cinco veces más que la media europea.
• Las cotizaciones sociales empresariales alcanzan el 9,5% del PIB, frente al 7,1% europeo.
• España registra una elevada complejidad fiscal, especialmente gravosa para las pymes.
• Elevar el IVA de hoteles y restaurantes al 21% perjudicaría la competitividad turística.
El IEE destaca que la presión fiscal en España supera ampliamente los promedios europeos y de la OCDE. Aunque la recaudación ha aumentado entre 2018 y 2024, parte de la brecha con Europa se explica por factores estructurales como el desempleo y la economía sumergida, cuya reducción podría incrementar los ingresos públicos sin subir impuestos.
Asimismo, el esfuerzo fiscal resulta elevado en relación con la capacidad económica de los contribuyentes, especialmente en la imposición directa. En el ámbito empresarial, el informe advierte que la creciente carga fiscal puede afectar a la inversión, la innovación, la contratación y el crecimiento.
La tributación sobre los beneficios empresariales también sitúa a España en una posición menos competitiva. El tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades es del 25%, por encima de la media europea, mientras que la carga conjunta sobre beneficios distribuidos alcanza el 47,5%, frente al 38,8% de la UE.
La complejidad normativa constituye otro factor de desventaja. España registra un Índice de Complejidad Fiscal de 114,8 frente a una media europea de 100. Además, las empresas dedican unas 150 horas anuales al cumplimiento tributario, muy por encima de las 113 horas de la UE.
El informe incorpora un análisis sobre la propuesta de elevar al 21% el IVA aplicado a hoteles y restaurantes. Según sus conclusiones, esta medida encarecería un sector clave para la economía española, que aporta el 12,6% del PIB, emplea a cerca de 2,8 millones de personas y constituye el principal exportador de servicios del país.
Entre los argumentos contrarios a la subida destacan la elevada sensibilidad del turismo al precio, la fuerte competencia internacional, los estrechos márgenes empresariales y las experiencias negativas registradas en países como Portugal e Irlanda. El estudio sostiene que el tipo reducido del IVA es coherente con la naturaleza exportadora e intensiva en empleo del sector.
Como conclusión, el IEE defiende una reforma fiscal orientada a reducir distorsiones, simplificar las obligaciones tributarias y reforzar la seguridad jurídica. A su juicio, mejorar la competitividad fiscal es compatible con mantener la suficiencia recaudatoria mediante una economía más dinámica, productiva y generadora de empleo.
