El 81% corresponde a menores de 45 años y dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y América del Sur.
Durante los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, Saiz defendió que la inmigración es un factor clave para sostener el Estado del bienestar y el crecimiento económico, y reclamó combatir los bulos y prejuicios que, a su juicio, distorsionan el debate público.
Frente a las críticas de la oposición, aseguró que las personas acogidas al proceso extraordinario ya residían y trabajaban en España antes de iniciar los trámites, por lo que rechazó que la medida haya generado un efecto llamada. Según explicó, los solicitantes debían acreditar al menos cinco meses de residencia en 2025.
La ministra sostuvo que la regularización favorece la integración, reduce la economía sumergida y ayuda a prevenir abusos laborales. También defendió el Plan de Integración y Ciudadanía, articulado en cuatro ejes —orden y regularidad, trabajo digno, convivencia y cohesión social, y acceso a servicios públicos— e integrado por 16 medidas.
Entre ellas destacó la homologación de títulos, la formación en sectores con falta de mano de obra, el aprendizaje del idioma y las iniciativas para combatir los discursos de odio y garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos.
Saiz subrayó además que la política migratoria del Gobierno abarca desde la cooperación con los países de origen y la gestión de fronteras hasta las vías legales de entrada, la regularización y las políticas de inclusión. Recordó que los trabajadores extranjeros representan el 15,4% de los afiliados a la Seguridad Social y afirmó que sectores como la hostelería, la construcción y la agricultura dependen en gran medida de su aportación.
Como conclusión, defendió que el debate debe centrarse en gestionar una inmigración ordenada y regularizada, y aseguró que España cuenta con herramientas suficientes para abordar este fenómeno desde una perspectiva humanitaria y de respeto a los derechos humanos.
