El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigados al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, y al consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, en el marco de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la pandemia.
Según una providencia dictada este viernes, a la que ha tenido acceso El Independiente, Martínez Solá comparecerá el próximo 7 de septiembre, mientras que Roselli lo hará un día después, 8 de septiembre. Ambas declaraciones están fijadas para las nueve de la mañana y se celebrarán en la sala polivalente de la sexta planta de la Audiencia Nacional.
La citación llega apenas unos días después de que ambos presentaran ante el juzgado sendos escritos en los que descargan el peso de la operativa investigada sobre el antiguo accionista de facto de la compañía, el empresario venezolano Rodolfo Reyes, actualmente en paradero desconocido y sobre quien pesa una orden internacional de detención. Según ha podido saber este periódico, todo apunta a que Reyes permanece en Venezuela.
En esos escritos, Martínez Solá y Roselli sostienen que fue Reyes quien negoció la financiación internacional de Plus Ultra, quien buscó a los prestamistas privados y quien ocultó a la dirección de la aerolínea la identidad real de algunas de las sociedades que concedieron préstamos a la compañía antes del rescate. Entre ellas figura Valerian Corporation Limited, una mercantil que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúa dentro de la presunta red internacional de blanqueo de capitales investigada en esta causa.
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Además, los directivos también admitieron que Plus Ultra abonó alrededor de 530.000 euros, el equivalente al 1% de los 53 millones concedidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la consultora Análisis Relevante, la sociedad impulsada por el empresario Julio Martínez Martínez —’Julito’— y que, según el propio empresario, estaba dirigida de facto por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Ambos sostienen que esa cantidad se canalizó a través de tres sociedades —Análisis Relevante, Voli Analítica e IOT Domotic Europe— y mediante otros pagos en especie, entre ellos 46 billetes de avión en clase business valorados en unos 69.000 euros. En conjunto, afirma, los pagos ascendieron a 527.417 euros, una cifra que identifica como «materialmente» equivalente al 1% pactado.
Los directivos también defienden que 2,3 millones del primer tramo del rescate lo destinaron a devolver «préstamos puente» que permitieron mantener la actividad de la aerolínea durante la pandemia, una versión que contradice la tesis de la UDEF. Los agentes sostienen que esas operaciones sirvieron para desviar al extranjero parte de los fondos públicos a través de sociedades instrumentales vinculadas a la presunta organización criminal.
