En la resolución, que procesa a 38 personas por presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones y decisiones urbanísticas en Valencia y Xixona, la magistrada señala que el encargo fue realizado personalmente por el entonces gerente del PSPV-PSOE, Francisco Martínez Rico.
Según el auto, la empresa Gigante Edificaciones y Obras pagó una factura emitida por la mercantil KEY por trabajos de diseño e impresión de folletos, cartas y sobres electorales para Unión Valenciana. La jueza sostiene que Martínez Rico ordenó que estos servicios fueran facturados a dicha compañía y no al partido socialista.
La investigación considera que la operación tenía una finalidad electoral, al financiar material de una formación que competía por parte del electorado de centro-derecha. No obstante, en aquellas elecciones de 2007 el PP obtuvo la mayoría absoluta tanto en el Ayuntamiento de Valencia, con Rita Barberá, como en la Generalitat Valenciana, con Francisco Camps, mientras que Unión Valenciana no consiguió representación.
El auto también atribuye a empresas de la trama otros pagos relacionados con materiales de campaña del PSOE por importe de 484.000 euros. Entre los procesados figuran exdirigentes del PP y del PSOE, además de empresarios y funcionarios vinculados al caso.
