El incremento de los megaincendios forestales y la creciente complejidad de su gestión llevaron al Gobierno a aprobar el pasado mes de abril una profunda reforma de la planificación nacional de protección civil frente al fuego. La nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Incendios Forestales actualiza por primera vez en más de una década el marco de actuación de todas las administraciones para responder a un escenario marcado por incendios cada vez más extensos, simultáneos y con mayor riesgo para la población.
La norma reconoce expresamente que el cambio climático, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos y la mayor complejidad de las emergencias hacen necesario reforzar la planificación y la coordinación entre administraciones. El texto advierte de un aumento del riesgo de incendios en las últimas décadas y de la necesidad de adaptar el sistema de protección civil a esta nueva realidad.
La reforma llega casi cinco años después de que un grupo de expertos del Ministerio para la Transición Ecológica, las comunidades autónomas, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros organismos analizara las principales debilidades del sistema durante el I Intercambio de Expertos sobre Organización de la Emergencia en Grandes Incendios Forestales, celebrado en Cáceres en octubre de 2021. Aquel documento identificó problemas de coordinación, diferencias entre los planes autonómicos y la ausencia de procedimientos homogéneos para gestionar incendios que movilizan recursos de distintas administraciones.
Una de las principales novedades de la Directriz consiste en obligar a que todos los planes autonómicos respondan a unos criterios mínimos comunes. Hasta ahora, los expertos habían detectado importantes diferencias entre comunidades en la terminología utilizada, la organización de los dispositivos e incluso en aspectos básicos como la integración de medios externos o la planificación operativa.
La nueva norma establece metodologías homogéneas para analizar el riesgo, criterios organizativos y operativos comunes, sistemas de información y alerta compartidos y mecanismos destinados a garantizar la coordinación e integración de todos los servicios implicados en una emergencia. Además, fija un contenido mínimo obligatorio para los planes estatales, autonómicos y locales.
Entre las funciones que deberán cumplir todos los planes figuran asegurar la homogeneidad del sistema, estandarizar los procedimientos de actuación entre organismos, normalizar la interpretación de conceptos y establecer una estructura organizativa que facilite la respuesta conjunta del Sistema Nacional de Protección Civil.
La Directriz también modifica la organización de las emergencias para reforzar la coordinación operativa. El texto mantiene el principio de dirección única, pero diferencia claramente entre la Dirección del Plan y la Dirección de la Emergencia, encargada de conducir las operaciones sobre el terreno. Además, obliga a constituir una dirección unificada cuando un incendio afecte simultáneamente a dos o más comunidades autónomas.
En los incendios declarados de interés nacional se refuerza igualmente el papel del Mando Operativo Integrado (MOPI), concebido como el órgano encargado de coordinar operativamente a todas las administraciones implicadas y garantizar una respuesta única durante la emergencia.
Precisamente, uno de los principales diagnósticos realizados por los expertos en 2021 era la necesidad de avanzar hacia un Sistema de Mando de Incidentes común, con estructuras homogéneas y figuras de enlace que facilitaran la coordinación entre dispositivos de distintas administraciones.
Otra de las novedades es la incorporación de un sistema homogéneo para valorar la gravedad potencial de cada incendio.
La Directriz obliga a que los planes autonómicos calculen un Índice de Gravedad Potencial (IGP) teniendo en cuenta variables como el comportamiento previsto del fuego, la meteorología, la accesibilidad, la amenaza para la población, la existencia de infraestructuras críticas o la vulnerabilidad del territorio. Incluso prevé que el Consejo Nacional de Protección Civil apruebe una guía técnica común para que ese índice pueda calcularse con los mismos criterios en toda España.
En el intercambio de expertos celebrado en Cáceres ya se planteó la necesidad de disponer de criterios homogéneos para evaluar la complejidad de los grandes incendios y priorizar la movilización de recursos, aunque los especialistas fueron un paso más allá al proponer la creación de una nueva categoría de «incendio complejo», diferenciada del actual concepto de gran incendio forestal definido únicamente por superar las 500 hectáreas. Esa propuesta, sin embargo, no ha sido incorporada a la nueva regulación.
No todas las recomendaciones formuladas en 2021 han acabado en el BOE. Los expertos defendían también la creación de Equipos Nacionales de Apoyo, integrados por especialistas de distintas administraciones capaces de desplazarse a cualquier punto del país para reforzar la gestión técnica, la logística o la planificación de los grandes incendios. La Directriz fortalece los mecanismos de coordinación entre administraciones, pero no crea todavía esa estructura permanente propuesta por los especialistas.
La reforma aprobada en abril supone, en cualquier caso, la mayor actualización del sistema español de planificación frente a incendios forestales desde 2013 y responde al diagnóstico compartido por los especialistas de que España debe prepararse para un escenario de incendios cada vez más grandes, más rápidos y con mayor capacidad para amenazar a la población y las infraestructuras.
