Bajo el mandato de Pedro Sánchez, el diálogo institucional ha ido desapareciendo progresivamente, sustituido por una lógica mucho más simple: o se compra el apoyo mediante concesiones políticas a sus socios o se exige una adhesión incondicional a sus planteamientos. El consenso ha sido reemplazado por la imposición.
Las declaraciones de Gamarra sobre la inexistencia de comunicación entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición evidencian una realidad preocupante. En cualquier democracia consolidada, ante una emergencia nacional como los grandes incendios forestales, lo razonable sería la coordinación permanente entre Gobierno y oposición. Sin embargo, en la España de Sánchez, la interlocución institucional parece haberse convertido en una excepción.
El problema es que esta falta de diálogo no constituye un hecho aislado, sino una forma de gobernar. Durante años, el Ejecutivo ha demostrado una preocupante tendencia a anunciar grandes pactos que luego quedan abandonados o reducidos a meros titulares. El llamado pacto frente a la emergencia climática es un ejemplo más de iniciativas grandilocuentes que nunca llegaron a materializarse en acuerdos efectivos.
Pero los errores del Gobierno van mucho más allá de la falta de entendimiento político. La gestión de la ley del «solo sí es sí» provocó una de las mayores crisis legislativas de la democracia reciente, obligando al propio Ejecutivo a rectificar tras las rebajas de condenas a agresores sexuales.
La polémica de los trenes diseñados para vías cuyas dimensiones no se correspondían con determinados túneles se convirtió en símbolo de una gestión marcada por los fallos de planificación. A ello se suman los continuos problemas ferroviarios, los retrasos administrativos y una sensación creciente de improvisación en numerosos ámbitos de la gestión pública.
En materia institucional, tampoco han faltado motivos para la controversia. Las cesiones al independentismo para garantizar la continuidad parlamentaria del Gobierno, la ley de amnistía y los continuos enfrentamientos con distintos sectores de la judicatura han alimentado un clima de polarización sin precedentes en las últimas décadas. Para muchos ciudadanos, la impresión es que el Ejecutivo está más preocupado por conservar el poder que por construir consensos duraderos.
La gestión de los incendios forestales constituye otro motivo de crítica. Cada verano, España asiste a la misma secuencia: devastadores incendios, declaraciones de emergencia y promesas de reformas futuras. Sin embargo, la prevención continúa siendo la gran asignatura pendiente. La limpieza y gestión de los montes, la coordinación de medios, el refuerzo de las capacidades aéreas y el apoyo a los profesionales que combaten el fuego siguen generando interrogantes. Cuando llegan las llamas, el Gobierno aparece para multiplicar las comparecencias y los anuncios, pero son muchos los que se preguntan qué se ha hecho durante los meses previos para reducir el riesgo.
Resulta especialmente llamativo que un Ejecutivo que ha convertido la emergencia climática en bandera política no haya impulsado, según sus críticos, un sistema más robusto y eficaz de prevención y respuesta. El cambio climático aumenta el riesgo de incendios extremos, precisamente por eso la anticipación debería ser una prioridad nacional. Sin embargo, la percepción es que se insiste más en los discursos que en las medidas concretas capaces de minimizar los daños.
Los grandes pactos requieren confianza, respeto mutuo y voluntad de ceder. Nada de eso parece existir hoy. Cuando el presidente del Gobierno apenas mantiene relación con el líder de la oposición y cuando las propuestas de Estado se utilizan más como herramienta de imagen que como auténticos espacios de acuerdo, cualquier llamamiento al consenso pierde credibilidad.
Por eso los pactos se han vuelto imposibles. No porque España carezca de retos comunes, sino porque el Gobierno ha terminado por convertir la política en una batalla permanente donde el adversario no es alguien con quien alcanzar acuerdos, sino alguien a quien derrotar. Y cuando la supervivencia política se antepone al interés general, los pactos de Estado dejan de ser una realidad para convertirse en una simple ficción propagandística.
