En su Memoria Anual de 2025, presentada por la fiscal superior Isabel Martín, se señala además que la implantación de los nuevos tribunales de instancia previstos en la Ley de Eficiencia ha provocado problemas de coordinación y retrasos en la tramitación de procedimientos.
Aunque el número de fiscales pasó de 373 a 384 durante el último año, la Fiscalía considera que el incremento resulta insuficiente ante el crecimiento constante de asuntos y las mayores exigencias de especialización. Martín defendió la necesidad de la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia, pero subrayó que su éxito requiere más recursos, planificación y herramientas tecnológicas adecuadas.
Los datos reflejan una situación de elevada presión. Al cierre de 2025 permanecían pendientes 155.650 diligencias previas, un 8,4% más que el año anterior. También aumentaron las suspensiones de juicios: los juzgados de lo penal registraron 13.698 aplazamientos, un 11% más, mientras que las vistas por delitos leves suspendidas crecieron un 23%.
La presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, María Aurora de la Cueva, respaldó este diagnóstico y reclamó mayores inversiones para garantizar la eficacia del sistema judicial.
La memoria también recoge un aumento de la criminalidad más grave. En 2025 se contabilizaron 35 muertes violentas, frente a 21 el año anterior, y cuatro mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Asimismo, los delitos contra la libertad sexual crecieron más de un 7%, con una presencia destacada de víctimas menores de edad.
Pese a estos datos, la Fiscalía sostiene que Madrid sigue siendo una comunidad segura y destaca la labor de las fuerzas de seguridad y de los órganos judiciales para responder a estos desafíos.
