Las obligaciones relativas a las importaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, pero el sector advierte de que todavía no existen los mecanismos necesarios para garantizar su cumplimiento. Además, considera que la Comisión Europea no ha evaluado de forma suficiente el impacto de estas medidas sobre la reducción real de emisiones, la competitividad de las empresas ni la seguridad del suministro energético.
Las asociaciones firmantes reiteran su compromiso con la reducción de las emisiones de metano y aseguran que no solicitan una rebaja de las exigencias ni de las sanciones, sino más tiempo y herramientas adecuadas para cumplir la normativa de forma efectiva.
Por ello, proponen aplazar tres años las obligaciones previstas en el capítulo V del reglamento, mediante una medida jurídica vinculante de ámbito europeo que garantice una aplicación homogénea en todos los Estados miembros.
Según el sector, este periodo adicional permitiría completar los sistemas de acreditación, verificación y certificación, desarrollar soluciones de cumplimiento reconocidas internacionalmente, evaluar el impacto de la norma sobre el mercado energético y reforzar la seguridad jurídica necesaria para operadores e importadores.
