Durante la Convención Nacional Republicana celebrada en Dallas, Trump justificó la medida por los ingresos obtenidos a través de los aranceles y por la fortaleza de la economía estadounidense. No obstante, no detalló cómo se financiaría ni el mecanismo para realizar los pagos, más allá de señalar que el dinero debería gastarse dentro del país.
La propuesta tendría un elevado coste presupuestario. Tomando como referencia el número de votantes registrados en las últimas elecciones presidenciales, el desembolso podría superar los 1,2 billones de dólares, una cifra similar al gasto anual en intereses de la deuda o al presupuesto de defensa estadounidense. Todo ello en un contexto en el que la deuda pública ronda los 40 billones de dólares.
Además, la iniciativa podría enfrentarse a obstáculos legales. La legislación federal prohíbe ofrecer pagos para influir en la participación o en el sentido del voto, una práctica que puede acarrear sanciones económicas y penales.
No es la primera vez que Trump plantea transferencias directas a los ciudadanos. Durante su mandato ya defendió propuestas similares, como cheques de 2.000 dólares para familias de renta media y baja o un supuesto «dividendo» impulsado por el entonces Departamento de Eficiencia Gubernamental, iniciativas que finalmente no llegaron a materializarse.
La promesa llega en un momento electoral complejo para los republicanos. Las encuestas anticipan una contienda ajustada, con ventaja demócrata en la Cámara de Representantes y un Senado muy disputado. En este contexto, Trump ha intensificado su campaña defendiendo rebajas fiscales, independencia energética y apoyo a las fuerzas de seguridad como ejes de su programa político.
