Esta situación cobra especial relevancia en campañas de fuerte consumo, como la vuelta al cole. Las ventas a particulares generan el 33,9% de los ingresos empresariales en España. En este segmento, las compañías conceden una media de 22 días para pagar una factura, aunque el abono efectivo se produce 32 días después. En el sector retail, el plazo real se eleva hasta los 34,4 días, uno de los más altos entre las actividades orientadas al consumidor.
Los retrasos tienen además un efecto en cadena. El 57% de las empresas españolas afirma haber pagado fuera de plazo a sus proveedores debido a demoras en sus propios cobros. En el comercio minorista, este porcentaje alcanza el 61%.
El impacto va más allá de la tesorería. Más de la mitad de las compañías (52%) asegura que los impagos o retrasos han dificultado el cumplimiento de sus objetivos de crecimiento, afectando también a la productividad y a la capacidad de contratación.
Ante este escenario, las empresas están reforzando sus medidas de prevención. El 52% solicita pagos por adelantado, el 42% realiza comprobaciones de solvencia y el 27% aplica controles específicos contra el fraude.
Intrum subraya que, en periodos de elevada actividad comercial, resulta esencial anticipar los riesgos de impago y proteger los flujos de caja para evitar que los retrasos se propaguen a toda la cadena de suministro.
