En su escrito, los servicios jurídicos del Estado sostienen que el objetivo del PP no era promover dichas comparecencias, sino imponer que se celebraran en las fechas y condiciones fijadas por la mayoría absoluta del Senado.
Además, argumentan que se trata de un conflicto entre órganos constitucionales cuya resolución correspondería al Tribunal Constitucional y no a la jurisdicción contencioso-administrativa del Supremo.
La Abogacía advierte de que obligar al Gobierno a comparecer en los términos exigidos por el Senado alteraría el equilibrio institucional previsto en la Constitución, especialmente cuando el Ejecutivo ya había anunciado que daría explicaciones ante el Congreso.
El conflicto se originó después de que el PP reclamara en agosto la presencia de varios ministros en la Cámara Alta tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Ante la negativa del Gobierno, los populares recurrieron al Supremo y solicitaron medidas cautelarísimas para forzar esas comparecencias antes de finalizar el mes.
El Alto Tribunal rechazó esa petición urgente. El PP acudió entonces al Tribunal Constitucional y mantiene también el recurso ante el Supremo, que todavía debe pronunciarse sobre el fondo del asunto.
