El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de regular el desarrollo de los centros de datos para anticiparse a sus efectos sobre el consumo energético, los recursos hídricos y el entorno urbano. En un artículo publicado en Bloomberg, sostiene que una regulación preventiva resulta más eficaz que intervenir cuando los problemas ya han aparecido.
Sánchez subraya que el auge de la inteligencia artificial está aumentando la demanda de infraestructuras digitales con un elevado consumo de electricidad y agua. Como ejemplo, cita el caso de Irlanda, donde los centros de datos ya representan una parte significativa de la demanda eléctrica, y advierte de otros efectos asociados, como el aumento de los precios de la vivienda o el denominado «efecto isla de calor».
Ante el creciente interés inversor en España, el Ejecutivo prepara un real decreto que establecerá nuevos requisitos de eficiencia energética e hídrica y limitará el acceso a la red eléctrica a proyectos viables y con valor económico y social acreditado. Entre las medidas previstas figura la obligación de que los centros de datos cubran al menos el 80% de su consumo con nueva generación renovable.
El Gobierno considera que estas instalaciones son estratégicas para la soberanía tecnológica europea, pero defiende que su expansión debe acompasarse con la capacidad del sistema eléctrico y con criterios de sostenibilidad.
La iniciativa, no obstante, ha generado críticas en el sector. La asociación SpainDC advierte de que la propuesta podría poner en riesgo hasta 9.000 millones de euros de inversión prevista, mientras que el Ejecutivo sostiene que la regulación busca evitar la especulación en las solicitudes de acceso a la red y garantizar un desarrollo ordenado de la industria.
