Entre los recurrentes se encuentran el expresidente catalán Carles Puigdemont, sobre quien sigue pesando una orden de detención, así como Oriol Junqueras y varios exconsejeros del Govern.
Tras avalar la constitucionalidad de la ley de amnistía frente a los recursos presentados por el PP, el TC deberá pronunciarse ahora sobre la interpretación del Supremo, que considera que la malversación cometida durante el procés no puede ser amnistiada al apreciar un beneficio patrimonial en los hechos investigados.
La deliberación llega además después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldara la norma y descartara que el referéndum ilegal afectara a los intereses financieros de la UE, uno de los argumentos utilizados por el Supremo para negar la aplicación de la amnistía.
El primer recurso que estudiará el Constitucional será el del exconsejero y secretario general de Junts, Jordi Turull. Posteriormente abordará los recursos de Puigdemont, Junqueras y otros dirigentes independentistas en sucesivos plenos.
Es buenio recordar que, en este momento, Puigdemont mantiene un doble papel: político y judicial. En el plano político, sigue siendo una de las principales figuras de Junts y del independentismo catalán, con capacidad de influencia en la estrategia de su partido y en las negociaciones parlamentarias.
En el ámbito judicial, su situación depende de las decisiones pendientes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. El Constitucional analizará si la negativa del Supremo a aplicarle la amnistía por el delito de malversación vulnera sus derechos fundamentales, al igual que ocurre con otros dirigentes del procés.
La relevancia de estas resoluciones es elevada porque sobre Puigdemont continúa pesando una orden de detención. Si el Constitucional acaba respaldando los recursos de amparo y facilita la aplicación de la amnistía, su situación jurídica podría cambiar de forma sustancial. Si mantiene el criterio del Supremo, seguiría enfrentándose a las consecuencias judiciales derivadas de la causa por malversación.
Por tanto, aunque conserva peso político, su capacidad de actuar plenamente en España sigue condicionada por el desenlace de estos procedimientos judiciales.
