Entre los requisitos figura la renovación previa de al menos la mitad de las titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado impartidas por el centro. Además, se evaluará de forma conjunta la calidad del profesorado y los resultados de los procesos de evaluación académica.
Las universidades deberán aportar información detallada sobre la categoría de los docentes, el número y porcentaje de profesores doctores y la proporción de personal a tiempo completo y parcial en cada titulación. También tendrán que certificar las instalaciones y equipamientos disponibles, incluyendo aulas, laboratorios, centros de simulación, bibliotecas y otros espacios académicos.
En el caso de la enseñanza virtual, será obligatorio describir las plataformas digitales y los recursos tecnológicos utilizados para la actividad docente.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el organismo autonómico correspondiente emitirá un informe sobre cada solicitud. Los centros acreditados deberán renovar esta certificación cada seis años, teniendo en cuenta indicadores como el rendimiento académico del alumnado y la calidad de las prácticas externas.
Pero, ojo, si un centro universitario no renueva su acreditación institucional, puede enfrentarse a consecuencias relevantes para su actividad académica, aunque el procedimiento concreto dependerá de la evaluación realizada por la ANECA o la agencia autonómica correspondiente.
Las principales consecuencias son:
• Pérdida de la acreditación institucional, lo que supone dejar de acreditar que el centro cumple los estándares de calidad exigidos.
• Mayor supervisión externa sobre sus titulaciones oficiales, que podrían tener que someterse a procedimientos individuales de evaluación y renovación.
• Dificultades para ofertar o renovar titulaciones oficiales si no se corrigen las deficiencias detectadas.
• Impacto reputacional, ya que la acreditación es un sello de calidad tanto para estudiantes como para docentes e investigadores.
• En los casos más graves, las administraciones educativas podrían exigir medidas correctoras o revisar la autorización de determinadas enseñanzas oficiales.
Según la resolución publicada en el BOE, los centros acreditados deberán renovar dicha acreditación cada seis años y la evaluación tendrá en cuenta aspectos como la calidad del profesorado, las instalaciones, el rendimiento académico del alumnado y las prácticas externas. Sin una evaluación favorable, la acreditación institucional no podría mantenerse.
En términos prácticos, perder la acreditación no implica necesariamente el cierre inmediato de una universidad, pero sí supone un serio problema de calidad y reconocimiento que puede afectar a su funcionamiento y a la oferta de estudios oficiales.
