Durante su intervención en el Foro La Toja, argumentó que este tipo de movilizaciones solo pueden convocarse ante conflictos laborales y sostuvo que la propuesta impulsada por organizaciones vinculadas a la vivienda no responde a esa naturaleza.
Aunque aseguró que la patronal esperará a conocer los próximos pasos de los convocantes, advirtió de que recurrirá a las vías oportunas si finalmente se impulsa una iniciativa que, a su juicio, no se ajusta a la legalidad.
Garamendi defendió el derecho de los ciudadanos a manifestarse y expresar su descontento, pero subrayó que ello no puede hacerse a costa de los derechos de terceros. Asimismo, reconoció que el acceso a la vivienda constituye un problema real, aunque insistió en que las soluciones no deben perjudicar la economía.
El líder empresarial criticó especialmente las propuestas que, en su opinión, afectan a la propiedad privada, un derecho que calificó de fundamental. También consideró «poco serio» el planteamiento de algunas medidas y apostó por abordar la crisis habitacional mediante soluciones estructurales, entre ellas la construcción de vivienda pública.
«No es un problema simple y requiere respuestas complejas; las fórmulas simplistas no solucionan nada», concluyó.
