El Ministerio Público mantiene que no existen indicios de delito ni contra la esposa del presidente del Gobierno ni contra su asistente, Cristina Álvarez, y ha solicitado además la declaración de una treintena de testigos.
En su escrito, la Fiscalía recuerda que Gómez comenzó a colaborar con la Universidad Complutense en 2012, seis años antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Añade que percibió unos 40.000 euros por distintas actividades académicas, sin que esas retribuciones estén vinculadas a la formación objeto de la investigación.
El fiscal subraya asimismo que las cátedras extraordinarias son instrumentos habituales para captar financiación privada y que la normativa universitaria no exige una titulación específica para dirigirlas.
Además, sostiene que ninguna de las empresas colaboradoras obtuvo beneficios o contratos derivados de su participación en la cátedra y que tampoco existe evidencia de un perjuicio económico para la universidad ni de un enriquecimiento personal de las investigadas.
Respecto a Cristina Álvarez, la Fiscalía considera que sus gestiones relacionadas con la actividad universitaria de Gómez se enmarcaron dentro de sus funciones de apoyo y organización de agenda, sin que ello supusiera un uso irregular de recursos públicos o un menoscabo de sus obligaciones laborales.
