Según el último barómetro del CIS, el 91,4% de la población cree que es necesario construir más vivienda pública, mientras que el 76,3% defiende que el Estado intervenga en el mercado tanto como sea necesario para garantizar este derecho.
Además, el 79% de los encuestados opina que la política de vivienda debe priorizar el derecho constitucional a una vivienda frente a su consideración como bien de mercado.
Entre las medidas más respaldadas destaca la rebaja de impuestos para la compra de la primera vivienda, apoyada por el 95,4% de los ciudadanos. También cuentan con un amplio consenso la recuperación de viviendas públicas vendidas a empresas (83,1%), la limitación de los pisos turísticos (75,6%), la creación de una empresa pública estatal de vivienda (76,3%) y la congelación de los alquileres durante dos años (70,6%).
Asimismo, el 72% apoya aumentar la fiscalidad a los grandes tenedores de vivienda. En cambio, las medidas más controvertidas son las expropiaciones: el 49,9% respalda expropiar suelo para vivienda pública, frente al 43,6% que se opone, mientras que el 40% está a favor de expropiar viviendas vacías y el 54,3% se muestra en contra.
Los resultados reflejan una fuerte demanda social de políticas públicas orientadas a ampliar la oferta de vivienda asequible y a reforzar la regulación del mercado residencial.
