En una entrevista con El País, advirtió de que cuestionar al Constitucional supone poner en duda la Constitución y, con ello, el sistema democrático.
Conde-Pumpido rechazó que el tribunal actúe con criterios políticos y afirmó que su función se limita a determinar si las decisiones del legislador encajan en el marco constitucional.
Respecto a la amnistía, sostuvo que la ley solo excluye los casos en los que exista enriquecimiento personal. A su juicio, los fondos destinados al referéndum independentista no encajan en ese supuesto, por lo que la mayoría del tribunal respaldó su aplicación.
El magistrado también negó la existencia de lawfare en España y atribuyó la creciente judicialización de la política a deficiencias del sistema procesal. En este sentido, propuso reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para impedir que los partidos políticos ejerzan la acusación popular en causas penales.
Asimismo, defendió la constitucionalidad de las devoluciones en frontera en Ceuta y Melilla, pidió acelerar la renovación del Constitucional y expresó su deseo de retirarse una vez concluya su mandato.
