A través de un escrito presentado por su abogado, Gonzalo Boye, sostiene que tanto el aval del Tribunal Constitucional a la norma como los pronunciamientos europeos impiden mantener abierto el procedimiento. Por ello, acusa al órgano fiscalizador de actuar en “rebeldía” al no cerrar la causa.
Puigdemont advierte además de que recurrirá a nuevas vías legales, incluido el Tribunal Constitucional y las instancias europeas, si se retrasa la aplicación de la amnistía.
El procedimiento se refiere a los gastos del referéndum del 1-O y de la acción exterior del procés, y afecta a más de una treintena de exdirigentes de la Generalitat, entre ellos Puigdemont y Artur Mas. La Fiscalía llegó a reclamar 3,4 millones de euros por el uso de fondos públicos relacionados con el proceso independentista.
En su escrito, Boye recuerda que el propio Tribunal de Cuentas planteó una cuestión prejudicial ante la Justicia europea y que esta acabó respaldando la aplicación de la amnistía. A su juicio, mantener el procedimiento abierto después de recibir esa respuesta supone una actuación contraria al criterio que el propio tribunal solicitó.
