Las protestas por la vivienda, los salarios y las condiciones de trabajo pueden convertir 2026 en el año con más participación en huelgas de los últimos catorce años.
Hasta agosto, más de 502.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social habían secundado huelgas ordinarias. Si se suman las huelgas generales, la cifra asciende a 579.000 participantes y más de 1,2 millones de jornadas laborales perdidas. Para encontrar un volumen superior de movilización hay que remontarse a 2009.
El aumento de la conflictividad se concentra en educación, sanidad e industria manufacturera, sectores que representan el 77% de los trabajadores que han participado en paros este año. Destacan las movilizaciones educativas en varias comunidades autónomas, las protestas de los médicos contra el nuevo Estatuto Marco y los conflictos en la metalurgia gallega y Airbus.
El repunte llega en un momento de empleo récord y una tasa de paro en mínimos previos a la crisis financiera, una situación muy distinta a la vivida durante la Gran Recesión, cuando la elevada destrucción de empleo frenó la movilización laboral.
La huelga de noviembre se medirá además con los grandes paros de la democracia. Los años más intensos fueron los de la Transición, con más de dos millones de participantes anuales entre 1976 y 1980. Sobresalen también la huelga general de 1988 contra la reforma laboral del Gobierno de Felipe González y las movilizaciones de 1992, 1994 y 2002.
El último precedente de una huelga general convocada conjuntamente por UGT y CCOO se produjo en 2012. Desde entonces, las movilizaciones de mayor alcance fueron las huelgas feministas del 8 de marzo de 2018 y 2019, cuyo seguimiento disminuyó en los años posteriores. La convocatoria del 11 de noviembre pondrá a prueba si el actual repunte de la conflictividad se traduce en una movilización de carácter histórico.
