Solo en 2025 estos costes rondaron los 4.000 millones de euros, un 43% más que el año anterior, y en 2026 ya se aproximan a los 22 €/MWh. Cerca del 90% corresponde a las restricciones técnicas que gestiona el Operador del Sistema para garantizar la seguridad y estabilidad de la red.
Un estudio publicado por Fedea, elaborado por Óscar Arnedillo, Marcelo Rabinovich, Diego Rodríguez y Jorge Sanz, plantea una reforma del modelo actual de financiación. Los autores sostienen que repercutir estos costes mediante un precio medio por energía consumida envía señales ineficientes a los consumidores. En su lugar, proponen que el coste refleje el impacto real que cada unidad adicional de demanda genera sobre el sistema.
El trabajo estima costes marginales horarios asociados a las principales causas de reprogramación: reservas, congestiones y control de tensión. Los resultados muestran fuertes diferencias entre horas, con variaciones cercanas a los 100 €/MWh e incluso periodos con costes marginales negativos, lo que evidencia las limitaciones del sistema vigente basado en costes medios.
Para evitar distorsiones en el mercado eléctrico, los autores defienden que los comercializadores conozcan estos costes antes de presentar sus ofertas. Así, el Operador del Sistema aplicaría un precio regulado basado en costes marginales esperados, calculados de forma previa y no una vez cerrado el mercado.
No obstante, advierten de que el precio marginal por sí solo no permitiría recuperar todos los costes. Sus estimaciones sitúan el coste marginal para un gran consumidor industrial en torno a 3,5 €/MWh, frente a los cerca de 18 €/MWh que actualmente soporta mediante el sistema de costes medios.
Por ello, proponen combinar un término variable ligado al coste marginal con una cuota fija de abono destinada a cubrir los costes residuales. El estudio analiza distintas fórmulas de reparto entre consumidores y subraya que cualquier reforma debería tener en cuenta su impacto redistributivo, especialmente sobre los hogares vulnerables.
Los autores concluyen que trasladar señales de precio más ajustadas a los costes reales contribuiría a reducir las necesidades de reprogramación y, en consecuencia, el coste total de las restricciones técnicas para consumidores y empresas.
