Los recientes decretos de vivienda del Gobierno ya están teniendo un impacto directo sobre la oferta de alquiler. Según un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), el 88,9% de las agencias consultadas asegura haber detectado efectos en el mercado apenas diez días después de la entrada en vigor de las nuevas medidas.
Los datos recabados entre más de 600 inmobiliarias reflejan la retirada o desvío de 4.235 viviendas del alquiler residencial tradicional. De ellas, 2.067 han salido del mercado, 1.224 se han destinado a la venta y 944 han sido trasladadas a otras fórmulas de arrendamiento, como el alquiler temporal o por habitaciones.
A ello se suman 1.523 operaciones paralizadas por la incertidumbre regulatoria, lo que eleva a 5.758 el número de contratos e inmuebles afectados.
El 78,1% de las agencias señala que la principal consecuencia ha sido la reducción de la oferta de alquiler habitual, mientras que el 72,4% ha detectado retrasos o bloqueos en la firma de contratos. Además, más de la mitad observa un creciente trasvase de viviendas hacia la compraventa.
Una tendencia que se agrava
El informe subraya que esta situación intensifica una caída de la oferta que se arrastra desde hace años. Según Idealista, los anuncios de alquiler de larga duración han pasado de 902.664 en 2018 a 510.091 en 2025, una reducción cercana al 44%.
El sector atribuye este retroceso a la creciente intervención regulatoria en el mercado, incluidas las limitaciones a las rentas y las sucesivas reformas legislativas, que han llevado a numerosos propietarios a abandonar el alquiler tradicional.
FAI estima que, si persiste la incertidumbre actual, el volumen de operaciones de alquiler podría desplomarse entre un 25% y un 30% en las próximas semanas.
Mientras tanto, el Banco de España ha vuelto a advertir sobre la insuficiente inversión en vivienda y la necesidad de acelerar la construcción de nuevas promociones, especialmente de carácter protegido, para aliviar el desequilibrio entre oferta y demanda.
El presidente de FAI, Alfaro, reconoce las dificultades de acceso a la vivienda y el esfuerzo económico que afrontan los inquilinos, pero alerta de que las nuevas medidas están provocando efectos contraproducentes al reducir aún más la oferta disponible. Por ello, reclama un gran pacto de Estado y un plan de choque que permita aumentar el parque residencial y devolver estabilidad a un mercado cada vez más tensionado.
