A través de dos autos, el tribunal alerta de que si no han aportado la información «a las 15 horas del 28 de octubre», Albares y Bolaños se enfrentarán a una posible «multa coercitiva». El Supremo se reserva también la posibilidad de «deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».
El Supremo decidió suspender de forma cautelar el derecho a sufragio activo para quienes se acogieron a la instrucción dictada por Sofía Puente para acreditar que son descendientes de españoles exiliados políticos y acceder, así, a la nacionalidad. Dicha instrucción presume la condición de exiliado político a todos los españoles que salieran del país entre 1936 y 1955. El Supremo estudia la legalidad de esta instrucción y, mientras tanto, ha acordado suspender el voto a quienes obtuvieron la nacionalidad por esta vía. No obstante, la Junta Electoral Central (JEC) la Oficina del Censo Electoral (OCE) y el Supremo no cuentan aún con una lista de los ciudadanos a los que se debe impedir votar el 29N. De modo que el alto tribunal ha decidido que junto a la documentación electoral que se remita a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes se entregará una advertencia sobre esta situación (La Sala acaba de reafirmar esta decisión). La advertencia textual dice que la inscripción de estas personas en el CERA «no significa que puedan llegar a ejercer su derecho al voto, pues únicamente podrán votar aquellas personas «con respecto a las cuales los Encargados de los Registros Consulares expidan certificación acreditativa de su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».
En cualquier caso, el Supremo ha enviado un requerimiento a través de la Abogacía del Estado para que Félix Bolaños y José Manuel Albares remitan «la relación nominal de las 163.020 personas afectadas». La Sala alerta de que, «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, si transcurrido el plazo de cinco días que finalizará a las 15 hora del día 28 de octubre de 2026, no remiten la relación nominal de referencia», la Sala podría imponer reiteradas multas de 1.000 euros e incluso podrían derivarse «responsabilidades penales».
Esta semana, el ministro Albares reconoció que será «muy difícil» que los consulados hagan a tiempo las comprobaciones correspondientes para determinar quienes son los afectados por la resolución cautelar del Tribunal Supremo. El titular de Exteriores aseguró que, en cuanto su cartera recibió notificación del Supremo, remitió un telegrama a los consulados con «instrucciones muy precisas» para que actuaran «de manera diligente», movilizando a «todo el personal» necesario para llevar a cabo la tarea. En cualquier caso, afirmó que se estaban poniendo a disposición «todos los medios», y zanjó: «Por nosotros no va a quedar».
