El juez de la Audiencia Nacional, Calama, que investiga si el apagón en la red eléctrica española de este lunes pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas, ha declarado secreta la causa.
En un auto el magistrado accede a lo solicitado por la Fiscalía y apunta que esta decisión busca «prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación».
«Solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que pudiera comprometer la seguridad de servicios esenciales», justifica.
El instructor abrió de oficio este martes una investigación indicando que, si bien en este momento la causa de los hechos resulta desconocida, «el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles» opciones. Por tanto, resultaba necesaria, según el magistrado, la apertura de una investigación judicial. En este contexto, acordó como primeras diligencias requerir al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica la elaboración de un informe cada uno para que en un plazo improrrogable de 10 días indiquen las causas que motivaron el apagón.
Del mismo modo, el juez Calama solicitó a la Jefatura de Información de Policía que, también en un plazo de diez días, presente informe preliminar sobre los hechos acontecidos este lunes en toda España. El magistrado explicó que el incidente ocurrió este lunes sobre las 12.30 horas y afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria o transporte, lo que ha supuesto «una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos».
El auto recogía la explicación facilitada por el Gobierno de que «se han perdido» de forma súbita durante 5 segundos 15 gigawatios de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60 % de la luz que se estaba consumiendo, siendo «algo que no había ocurrido jamás». El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explicó que conforme al artículo 573 del Código Penal los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales.
