A juicio de la Comisión, el sistema llegó a esa fecha con márgenes insuficientes, con una inestabilidad de tensión ya reiterada en semanas y meses previos, y sin que las instituciones llamadas a prevenir, supervisar y corregir el riesgo actuaran con la diligencia exigible.
Así, en esta comisión se considera que REE y Redeia son responsables del apagón porque los trabajos de la Comisión sitúan el fallo principal en quien debía anticipar, operar y estabilizar el sistema. Mientras que el Gobierno, a través del MITECO, es responsable del apagón porque se aprecia una omisión relevante en la vigilancia, la reacción y el diseño de la política energética. En el caso de la CNMC se incurre en una corresponsabilidad institucional relevante, ya que la Comisión entiende que el regulador no actuó a tiempo, ni ofreció después el nivel de esclarecimiento exigible. En cuanto a la comunicación pública que se ofreció, la Comisión considera que el segundo fallo fue no explicar con claridad lo ocurrido.
Por tanto, los trabajos de la Comisión concluyen que el apagón surgió, no como el fallo aislado de una sola pieza. Al contrario, ha quedado suficientemente acreditado que el suceso fue el resultado acumulado de decisiones y omisiones en tres niveles: dirección operativa, supervisión regulatoria y tutela política.
Con respecto a las causas, desde la Comisión se considera que hubo falta de previsibilidad porque la Comisión descarta que el colapso respondiera a un fenómeno inevitable, debido a que los problemas de tensión y la falta de recursos para absorberlos estaban identificados con antelación. Por otro lado, la Comisión vincula el colapso a una combinación persistente de alta penetración fotovoltaica, escasa inercia, oscilaciones de tensión, variaciones en intercambios internacionales y respuesta insuficiente.
Asimismo, se detecta un fallo institucional, ya que la Comisión aprecia un fallo concatenado de operación, supervisión y tutela política. Además, no sitúa el problema en una anomalía aislada, sino en la cadena completa de decisión pública y corporativa.
De igual forma, se destaca el déficit de transparencia porque la Comisión entiende que, tras el apagón, se mantuvo una comunicación institucional insuficiente, sesgada o tardía, y que ello agravó la desprotección de ciudadanos y empresas.
Además, se exige una rectificación. La Comisión reclama una corrección integral: refuerzo operativo, actualización regulatoria, revisión de la política energética, rendición de cuentas y protección efectiva de consumidores e industria.
