En efecto, la Audiencia Nacional juzga desde este lunes al comisario jubilado Villarejo, a su socio Redondo y al abogado Chávarri por el encargo que este último les realizó y que consistió en investigar a un empresario a cambio de más de 400.000 euros.
En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pide 12 años de cárcel para Villarejo por presuntos delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. El Ministerio Público también dirige su acusación contra Redondo, para quien solicita 4 años y 6 meses de prisión por cohecho pasivo y falsedad en documento mercantil. Chávarri, por su parte, se enfrenta a 7 años de cárcel por los mismos delitos.
Anticorrupción sostiene que el ‘proyecto Grass’, desarrollado desde finales del año 2012 hasta finales del año 2013, «se centró en la investigación realizada por Villarejo de posibles actuaciones irregulares o ilícitas llevadas a cabo por Luis Pérez Gil, quien intervenía como administrador concursal en el procedimiento concursal de la mercantil Acisclo Gestión de Patrimonios y por Joaquín Molpeceres Sánchez, quien era el principal acreedor de la concursada».
Villarejo, comisario de la Policía Nacional en el momento de asumir ese encargo, actuó «ante las sospechas de Chávarri de que ambos pudieran actuar de común acuerdo para perjudicar sus intereses en dicho procedimiento». «Asimismo, el objeto del encargo realizado por Chávarri y aceptado por Villarejo vino referido a la obtención de todo tipo de información personal, incluida la relativa a eventuales actuaciones irregulares en que ambos pudieran haber intervenido y ajenas al procedimiento concursal, sobre Molpeceres y Pérez que pudiera ser utilizada por el propio Chávarri Aricha para mejorar su posición en el procedimiento concursal que afectaba a su sociedad Acisclo Gestión de Patrimonios», relata el escrito.
En el curso de la ejecución de ese encargo, apunta Anticorrupción, Villarejo y Redondo se hicieron con los tráficos de llamadas entrantes y salientes de Pérez correspondientes a los días 15 de septiembre de 2012 a 13 de octubre de 2012. «Dichos tráficos de llamadas, a su vez, fueron facilitados por Villarejo Pérez y Redondo a Chávarri», anuda la Fiscalía.
Por ese trabajo Chávarri «abonó entre 2012 y 2014 a CENYT y a Stuart & Mckenzie, integradas ambas en Grupo CENYT, cuyo titular real era Villarejo, la cantidad total de 411.400 euros». «A cuenta de los servicios prestados por la ejecución del ‘proyecto Grass’, Villarejo y Redondo, por un lado, y Chávarri, por otro, manipularon los conceptos de las facturas, haciendo constar que los servicios prestados respondían a servicios de auditoría de seguridad de sistemas de información, identificación y propuesta de solución de 3 vulnerabilidades y a una colaboración profesional, ocultando, con ello, que se trataba de servicios de investigación prestados por un funcionario público en servicio activo», apostilla el escrito.
Previamente, la Audiencia Nacional ya le ha condenado por distintos encargos. Por ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’ –el primer juicio en su contra por la macrocausa– la AN le ha impuesto 13 años de prisión. Villarejo, además, fue condenado a 3 años de prisión por el ‘proyecto July’.
