Díaz Ayuso también ha censurado que «una vida valga más que otra según el interés político», puesto que la oposición tan sólo centra sus críticas en los fallecidos en las residencias de Madrid, mientras que obvia al resto de decenas de miles de muertos en toda España. Además, la información desvelada recoge que, mientras que Illa prohibió que los ancianos contagiados de coronavirus fueran trasladados a hospitales, autorizó que los presos que tuvieran síntomas de la enfermedad sí pudieran ser trasladados desde la cárcel a un centro médico.
Sanidad estableció que «en el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda leve debe ser aislado del resto de residentes» y de no ser posible el aislamiento individual «puede recurrirse al aislamiento por cohorte». Es decir, en este caso, el Gobierno ordenó a las residencias de personas mayores a aislar a los pacientes de avanzada edad infectados en una sola habitación todos juntos estableciendo que «deben mantenerse alejados del resto de residentes». El escrito, por un lado, reconoce que el Ejecutivo sabía desde el 31 de enero que el coronavirus era mortal y que debían de extremarse las medidas de protección. También reconocía la vulnerabilidad de los ancianos y que la mortalidad era muy alta. «En la franja de 70 a 79 años es del 8% y del 14,8% para los mayores de 80 años», reza el documento.
Sin embargo, cuando las residencias confirmaban algún caso en vez de mandar al enfermo a un hospital se les ordenó que se quedaran en la residencia «debiendo restringir sus movimientos lo máximo posible y haciendo que se queden en una habitación con buena ventilación». La fecha en la que se emitió este informe, el 5 de marzo de 2020 –es decir, nueve días antes de que el Ejecutivo decretara el primer estado de alarma– aún no había ningún colapso ni en la sanidad pública ni en la privada y, por lo tanto, tal y como explican ahora varios altos cargos hospitalarios, «no estaba justificada la instrucción de no atender hospitalariamente a los infectados».
