A diferencia de 2022, cuando el shock fue principalmente de gas —clave para la calefacción y la electricidad en Europa—, el actual afecta sobre todo al petróleo y los combustibles refinados, con impacto directo en transporte, aviación e industria. Además, el encarecimiento del crudo ha sido más rápido y ha presionado con más fuerza a derivados como el diésel.
El contexto también ha cambiado. Europa estaba entonces más expuesta y menos preparada, mientras que hoy el mayor peso de las energías renovables ha amortiguado parcialmente el encarecimiento energético. Sin embargo, el BCE advierte de que estos factores no eliminan los riesgos.
Uno de los elementos clave es la transmisión a la inflación. Las crisis del petróleo se trasladan mucho más rápido al consumidor que las del gas: el aumento del crudo impacta casi de inmediato en los precios de las gasolineras, mientras que los cambios en el gas o la electricidad tardan meses en reflejarse en las facturas.
Además, el BCE subraya el carácter más global de la actual crisis. A diferencia de la de Ucrania, sus efectos se extienden a lo largo de las cadenas de suministro internacionales, elevando los costes de importación y amplificando su impacto en las economías nacionales.
A ello se suma un menor margen fiscal de los países para amortiguar el golpe, lo que limita la capacidad de respuesta a corto plazo. Si el conflicto se intensifica o se prolonga, existe el riesgo de una amplificación más fuerte de sus efectos.
Por último, la reciente experiencia de elevada inflación en hogares y empresas podría reforzar la transmisión del shock energético a los precios, aunque su magnitud es incierta.
Con todo, el BCE reconoce que el punto de partida es menos inflacionario que en 2022: la inflación estaba más cerca del objetivo del 2%, el mercado laboral está menos tensionado y las políticas económicas son más neutrales. Aun así, insiste en que la evolución del conflicto exige un seguimiento estrecho por sus posibles efectos sobre la inflación.
