En los últimos meses, y en respuesta a la crisis energética y a la elevada inflación, España y la mayoría de los países de nuestro entorno han puesto en marcha diversas medidas fiscales destinadas a apoyar a los hogares y a las empresas. Se estima que en nuestro país, en términos de coste presupuestario, entre un 80% y un 85% del impacto de las medidas desplegadas presenta un carácter generalizado, en lugar de estar focalizado en los colectivos más vulnerables.
Se calcula que este conjunto de medidas tendría un impacto presupuestario aproximado de entre 34.000 y 40.000 millones de euros durante el horizonte temporal 2021-2025, que estaría concentrado en 2022 (suponiendo un 1,3%-1,4% del PIB) y en 2023 (suponiendo un 0,8%-1% del PIB). Así se recoge en el último artículo analítico titulado ‘Medidas de apoyo frente a la crisis energética y al repunte de la inflación: un análisis del coste y de los efectos distribucionales de algunas de las actuaciones desplegadas según su grado de focalización’ publicado por el Banco de España.
En particular, se estima que entre un 15% y un 20% del coste fiscal previsto para el conjunto de medidas en el horizonte temporal 2021-2025 se articularía a través de medidas que están focalizadas en determinados grupos de empresas y hogares que se habrían visto particularmente afectados por la compleja coyuntura macrofinanciera actual. Dentro de este grupo se encuadrarían, por ejemplo, determinadas rebajas en el IRPF, transferencias a hogares en función de su renta y su riqueza, o el incremento puntual de las pensiones no contributivas y del ingreso mínimo vital.
En cambio, en torno a un 80% y 85% del coste fiscal previsto estaría vinculado con iniciativas que presentan un alcance relativamente generalizado. Este sería el caso, por ejemplo, de la rebaja del IVA de la electricidad y del gas, de la rebaja del IVA de los alimentos y de la bonificación al precio de los carburantes, así como de algunas subvenciones a ciertos sectores.
El Banco de España observa diferencias significativas en el impacto distributivo de las medidas. La rebaja del IVA de la electricidad y del gas sería en la que una mayor proporción de su coste presupuestario beneficia a los hogares de renta baja, que en términos relativos a su gasto total se ven más beneficiados que los de renta alta. Cabe señalar que este beneficio relativo se debe en mayor medida a la rebaja de la electricidad que a la rebaja del gas.
En segundo lugar se encontraría la rebaja del IVA de los alimentos, que también tiene un impacto relativo decreciente con la renta, si bien con una pendiente más moderada. Por último, la bonificación al precio de los carburantes destaca por su falta de focalización en los hogares más vulnerables, dado que solo una pequeña parte de su coste presupuestario se dedica a los hogares de renta baja, los cuales, a diferencia de las otras dos medidas, también se ven menos beneficiados en términos relativos a su gasto total, explica el organismo.
En todo caso, si bien su impacto distributivo es heterogéneo, las tres medidas analizadas pueden considerarse de carácter generalizado, dado que el coste presupuestario se distribuye entre todos los grupos de renta, siendo mayor en los hogares de renta alta.
