La operación se refiere a los mercados de instalación, explotación y mantenimiento de una red pública de 11.700 puntos de recarga rápida y ultrarrápida de vehículos eléctricos en la península Ibérica. Con esta alianza estratégica, ambas firmas anunciaron que tienen previsto invertir 1.000 millones de euros con el objetivo de fomentar el desarrollo de la movilidad eléctrica en España y Portugal.
Bruselas concluyó que esta transacción no plantea problemas dado el «limitado impacto» en la competencia de los mercados en los que operan ambas compañías y la presencia de un número «suficientemente grande» de operadores alternativos de puntos de recarga.
Según expresó la Comisión, «se espera que estos mercados crezcan significativamente en los próximos tres años». Los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario han evaluado este caso siguiendo el procedimiento normal de revisión de operaciones de concentración.
