En un dictamen motivado, el Ejecutivo comunitario ha señalado que España (al igual que Polonia) no ha transpuesto en su marco jurídico nacional las modificaciones de la Cuarta Directiva contra el blanqueo, aprobada en 2015 para mejorar la trazabilidad de los fondos financieros y que tampoco ha notificado las sanciones administrativas aplicables en caso de infracción. Según ha explicado la Comisión, esta normativa busca poner fin al anonimato en el sector digital obligando a que cualquier transferencia, ya sea en euros o en criptomonedas, lleve «nombre y apellidos» tanto del que paga como del que cobra. Con este rastro, la UE pretende blindar el sistema financiero frente al blanqueo de capitales y el rastro del dinero que financia el terrorismo.
La nueva norma cierra huecos legales de la antigua directiva para que las criptomonedas estén bajo los mismos controles que el resto del sistema financiero, exigiendo datos detallados en cada operación que hasta ahora escapaban al control de las autoridades.
Así las cosas, Bruselas ha indicado que «ninguno de los dos Estados miembro» ha notificado la transposición de las modificaciones introducidas en la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, ni tampoco ha completado la aplicación del Reglamento sobre sanciones administrativas y otras medidas antes del 30 de diciembre de 2024, como se requería.
«Su inaplicación entraña riesgos jurídicos, financieros y operativos para las entidades y las personas y, en particular, para todos los proveedores de servicios de criptoactivos que operan en la UE», se lee en un comunicado de prensa de la Comisión. Dicho esto, el Ejecutivo comunitario ha avisado tanto a España como a Polonia que disponen de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
