El abogado José María de Pablo ha enviado un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en que solicita la apertura de una pieza separada para indagar en la «autoría de la filtración» a OkDiario del contenido de la providencia con la que se requirió a la Policía Judicial que gestionase la obtención de los pasaportes de Cristina Álvarez y de la mujer del presidente del Gobierno. El letrado defiende que el citado medio de comunicación tuvo conocimiento de la orden del magistrado «15 horas antes» de que fuese notificada a las partes a través de LexNet.
Por lo que entiende que «es metafísicamente imposible que la filtración al medio Okdiario del dictado y contenido de la providencia haya sido cometida por alguien ajeno al juzgado». Incluso, la defensa de la alto cargo de Presidencia investigada señala que «ni siquiera sabe si en el momento de publicación de la noticia la providencia había sido redacta y/o firmada».
Relata, en este sentido, que el citado medio digital publicó el pasado martes 13 de enero a las 05:46 horas una noticia con el titular: «Begoña y su asesora desafían a Peinado: se niegan a entregar sus pasaportes y el juez pide ayuda a la Policía».
Según explica De Pablo, en aquella versión inicial de la noticia se informaba de que la asesora del Ejecutivo y la esposa de Pedro Sánchez no habían entregado el pasaporte y que por ello se había dictado una providencia en la que el juez Peinado pedía la colaboración de la Policía Judicial para recabar dichos documentos. Subraya que en el primer párrafo del artículo en cuestión se señalaba que el instructor dirigió esta petición a los agentes «en una providencia dictada este lunes 12 de enero».
La representación letrada de Álvarez sostiene que a las 13:15 de la tarde del pasado martes se editó aquella noticia para eliminar esta frase de que «así lo solicita en una providencia de 12 de enero». Aunque -dice esta parte- «olvidó modificar el titular en el que hacía referencia al contenido de la resolución con la expresión «el juez pide ayuda a la Policía».
En el escrito se apunta a que, al editar la noticia, el medio sustituyó la frase en pasado «el juez Peinado ha pedido» por el futuro «pedirá» y en ello ve el letrado una intención de «ocultar la autoría de la filtración». Insiste, en este sentido, en que la providencia «no había salido de la sede del juzgado» hasta que a las 20:20 horas del martes fue subida al programa Lexnet para su remisión telemática a las partes de la causa, que no tuvieron acceso a ella hasta las 07:09 horas del día siguiente, el pasado miércoles 14 de enero.
El abogado de la asistente de Gómez da por hecho que «alguien, con toda seguridad el autor de la propia filtración, avisó asustado al medio de la metedura de pata y pidió eliminar de la noticia la mención a la providencia, ya que aún no había sido notificada a las partes». Para este «había peligro de que se descubriera que el origen de la filtración era el propio juzgado, lo que llevó al medio a editar la noticia».
Por todo ello, exige que se investigue esta supuesta filtración en una pieza separada que se someta a reparto y sea asumida por otro juzgado distinto «por razones obvias». Habiéndose previamente «identificado a las personas, sea cual sea su condición, que dentro del juzgado conocían antes de las 05:46 de la madrugada del 13 de enero que su señoría (Peinado) había decidido dictar la providencia».
Además, en este escrito la defensa de Álvarez pone en conocimiento del magistrado que no piensa entregar voluntariamente su pasaporte, como afirma que se le requirió «ilegalmente», dado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha resuelto que «no se puede obligar a una persona investigada a aportar documentación probatoria». Fue el pasado noviembre cuando el instructor del «caso Begoña Gómez» solicitó a la asesora y a la esposa del jefe del Ejecutivo que remitiesen sus pasaportes a fin de que «precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas».
