En su escrito el defensor considera esa decisión «no ajustada a derecho» por tratarse de una «expansión de la investigación judicial» por un posible tráfico de influencias en la adjudicación del puesto de alta dirección de coordinador de conservatorios a David Sánchez en 2017 y su posterior modificación a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, según la instructora para acomodar el cargo a sus preferencias personales. De ahí que reclame a la Audiencia de Badajoz la nulidad de esa decisión de Biedma que entiende que vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.
Para la defensa de Sánchez, investigar la relación profesional entre Carrero y su cliente no estaba entre los objetivos con los que la magistrada justificó la intervención de los correos electrónicos de varios altos cargos y funcionarios de la Diputación de Badajoz, entre ellos los del propio hermano del presidente del Gobierno. Entre esos fines, insiste, no había «ni el mínimo rastro» que se pretendiese investigar también la «cobertura de legalidad de la satisfacción de las preferencias personales del Sr. Sánchez». Su abogado resalta que fue el propio David Sánchez quien, «en un momento muy avanzado de su declaración como investigado», se refirió a Carrero y a Ángel Seco cuando la instructora «le preguntó que quiénes eran sus subordinados».
Su defendido, explica, «no titubeó, ni en su definición, ni en su ubicación; simplemente mostró con respeto su disconformidad con el uso del término subordinado, para, inmediatamente, trasladar a la magistrada esos nombres». Sin que se le preguntara, añade, ni por el «modo de adquisición de las plazas de esos funcionarios» ni por «nada parecido». «Ser funcionario y estar encuadrado en una determinada unidad administrativa no es delito», subraya. Esas preguntas, en todo caso -se queja- son «sorpresivas» porque Biedma no mencionó a Carrero ni Seco al comienzo del interrogatorio, cuando enunció «un extracto de aquellos hechos que en aquel momento le eran imputables, como consecuencia de la llegada a la causa del informe de la UCO» sobre los correos intervenidos.
Justificar este giro de la investigación en la pretensión de la instructora de esclarecer «la adaptación» del puesto de trabajo de David Sánchez a sus «preferencias personales» es -según el letrado- un «estrambote procesal», teniendo en cuenta que, según expone, los interrogatorios a diversos testigos celebrados el pasado día 7 «validaron la ortodoxia administrativa de la plaza en régimen de comisión de servicios» que ostenta Luis Carrero, jefe de Sección, Coordinación y programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz y adjunto a la dirección en los proyectos de Ópera Joven del hermano del presidente del Gobierno.
