La sala ha escuchado testificales, periciales y declaraciones cruzadas en torno a la creación de una plaza en la Diputación de Badajoz entre 2016 y 2017, que acabó siendo adjudicada a David Sánchez. Un procedimiento que las acusaciones sostienen que estuvo predeterminado y que la defensa mantiene que fue estrictamente administrativo, sin interferencias externas ni dirección política. En el centro de todo, como telón de fondo constante aunque rara vez explícito, ha estado la figura de Pedro Sánchez. Su nombre ha aparecido más en el relato político y mediático que en la sala, donde el tribunal ha marcado distancias desde el primer momento con cualquier intento de convertir el juicio en un proceso sobre el presidente del Gobierno.
El caso pivota ahora sobre un elemento clásico en este tipo de procedimientos: la valoración de la prueba indiciaria. No hay una prueba directa de amaño, pero sí un conjunto de indicios que las acusaciones han ido hilando a lo largo del juicio para sostener la existencia de una plaza diseñada a medida.
Otro de los pilares de la acusación ha sido el informe de la UCO, que sostiene que la creación del puesto no habría partido del área técnica de Cultura, sino de instancias superiores dentro de la estructura provincial.
La defensa ha insistido en que todo el proceso de selección se ajustó a la legalidad administrativa, y que las interpretaciones de las acusaciones responden a una reconstrucción retrospectiva de hechos normales dentro del funcionamiento de la administración pública. Incluso el cambio de denominación del puesto —posteriormente transformado en Oficina de Artes Escénicas— ha sido presentado como una evolución organizativa, mientras que las acusaciones lo leen como una reconfiguración funcional del cargo para encajar mejor con el perfil del adjudicatario.
