«No ha lugar a dejar sin efecto el requerimiento de entrega del móvil a la Policía del Sr. Errejón porque ya se tomaron cautelas para que únicamente fueran analizadas las conversaciones con la Sra. Mouliaá, sin perjuicio de que, al igual que ha hecho ésta, pueda acudir a las dependencias policiales cuando se le indique y hacer entrega en su sede», razona Carretero. Además, el magistrado recuerda a Errejón que no puede exigir que Mouliaá se someta a un reconocimiento psiquiátrico sin su consentimiento. Señala que la actriz ya presentó en el juzgado sus propios informes médicos y que la prueba pericial solicitada por el exdiputado solo podrá realizarse si la denunciante accede voluntariamente.
La defensa de la actriz, en un escrito, se opuso a esta petición del exdiputado, alegando que los informes psiquiátricos y psicológicos que habían aportados ellos eran «suficientes» para valorar el impacto que tuvo la presunta agresión sobre Mouliaá, y recordó que la valoración pericial sólo debe pedirse cuando existen razones objetivas para dudar de la exactitud o imparcialidad de los informes ya aportados.
En el informe, el perito José Cabrera concluía que Mouliaá había vivido «un abuso (…) imprevisto e injustificado» por parte del exdirigente que derivó en un «trastorno por estrés postraumático» que, según explicaba, es «impredecible» y puede conllevar una «secuela permanente».
