Así lo ha señalado durante su declaración como testigo en el juicio sobre la ‘Operación Kitchen’, el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero sobre dirigentes del partido, en los tiempos en los que se investigaba policial y judicialmente la existencia de una contabilidad B en el PP.
Fue el 20 de agosto de 2013 cuando Morocho, que en ese momento investigaba el caso Gürtel, recibió un correo electrónico por parte de la UDEF que le comunicó «una cesión de información» por parte de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, el máximo órgano de coordinación en el cuerpo, entonces dirigida por Eugenio Pino, acusado en el juicio, ha explicado.
Al abrir el archivo en una herramienta policial, el inspector observó el nombre del «encartado Luis Bárcenas» junto a «una serie de teléfonos, personas relacionadas, vehículos, lugares y sociedades», ha comentado. «Cuando veo el contenido y veo la palabra Bárcenas, pues para mí fue la constatación de lo que ya suponía, en base a un conjunto de indicios: de la existencia de una operación de la Policía sobre Bárcenas y contra el grupo policial designado como unidad específica para la investigación», ha indicado. Además, ha destacado que esa información era «totalmente irrelevante» para la investigación de Gürtel. «Me percato de que la DAO, que no es una unidad, como tal, investigativa, me cede una información de la que yo no sabía. Tenga en cuenta que nuestra investigación es secreta. Esa conexidad entre investigaciones secretas tiene una metodología de conexidad que no se ha cumplido», ha relatado.
Morocho ha asegurado que la unidad investigadora de Gürtel no solicitó ningún apoyo a la DAO. «La DAO no apoya, es un organismo central de supervisión y dirección de las distintas unidades operativas», ha resaltado.
A preguntas del fiscal, el inspector ha afirmado que nunca propuso realizar seguimientos a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, si bien sus superiores sí le reclamaron que solicitara al juez otras actuaciones como intervenir su teléfono, algo que no hizo, ni verbalmente ni por escrito.
En los primeros compases del juicio, mandos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) en 2013 declararon que se realizaron seguimientos a Rosalía Iglesias por encargo del entonces comisario jefe de la unidad, Enrique García Castaño, a quien se lo había solicitado previamente la DAO.
