El magistrado se basa en un nuevo informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó el pasado lunes, el día del apagón, con nuevos descubrimientos una vez analizada toda la documentación que la Agencia Tributaria había facilitado. Los agentes prestaban «especial atención» a las retribuciones abonadas a Ábalos de la «caja pagadora central» del Ministerio que lideró entre 2018 y 2021.
El juez Puente solicita a la cartera que ahora lleva el ministro Óscar Puente que «informe de todos y cada uno de los pagos realizados, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de destino y concepto de los mismos, así como cualquier otro dato que tengan asociadas las referidas retribuciones».
La UCO ya había analizado el patrimonio del exministro en un extenso informe en el que hablaba de un terreno en Colombia, propiedades en Perú y algunos inmuebles en España, pero lo cierto es que en ese resumen financiero no se encontraron indicios excesivamente llamativos de los pagos en efectivo que el juez sospecha que el empresario Víctor de Aldama y sus socios hicieron tanto a Ábalos como a su exasesor ministerial Koldo García –también imputado– para conseguir un trato preferente en los contratos públicos.
Ahora, este nuevo oficio en el que el Instituto Armado ya analiza también toda la información tributaria remitida por Hacienda pone el foco en un nuevo asunto: las transferencias de dinero desde el Ministerio entre los ejercicios 2018 y 2019 a sus cuentas corrientes. El primer año se detectó un importe de 156.440 euros, mientras que el segundo la cantidad se eleva a 351.992. «Dichos ingresos, sin embargo, conforme expresan los agentes actuantes, no habíran tenido reflejo identificable en ninguna de las cuentas bancarias de la entidad Caixabank» de Ábalos. Esto impide «comprobar la trazabilidad» de los ingresos y, por eso, el juez solicita a Transportes que informe de la fecha y el concepto de esos pagos además de a qué cuenta bancaria fueron enviados.
Ábalos está siendo investigado como el principal cabecilla de una presunta organización criminal en cuyo vértice estaba también Aldama. Este empresario pagó a través de sus socios un piso a la que fuera pareja del exministro Jésica Rodríguez durante más de dos años o compró supuestamente un chalé en Cádiz para que el político pudiera pasar sus vacaciones unos meses. El juez considera que tiene acreditado el delito de cohecho en estos pagos en especie, pero quiere esclarecer si también hubo dinero en efectivo como, en efecto, Aldama asegura.
