En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional la defensa de Leire Díez solicita que se revoque el acceso que dio el magistrado a las comunicaciones que mantuvo la investigada durante cinco años, en concreto desde octubre de 2020 a diciembre de 2025. A juicio de la exmilitante socialista, se trata de una medida «desproporcionada» fruto de una «investigación prospectiva» en la que la UCO trata de «obtener más posibles elementos probatorios que permitan encausar por más delitos a mi representada, por si acaso los hubiese cometido o por si se pudiese descubrir algo más».
El escrito señala que, tras la detención de Leire Díez el pasado mes de diciembre por la trama de la SEPI, los agentes solicitaron al instructor que solicitase a varias empresas telefónicas el registro de sus llamadas «de manera genérica, sin concretar los verdaderos motivos por los que la pide, limitándose a alegar factores generales imprecisos, pero no identificar cuáles son los concretos elementos que justifican la pertinencia de tal medida».
La defensa de Díez alega que el magistrado Santiago Pedraz expurgó o dejó fuera de la causa todo el material incautado a la exmilitante socialista que fuera de carácter personal o se circunscribiera a fechas distintas a los años 2021 a 2023, cuando se produjeron los contratos inicialmente investigados.
Asimismo, la abogada de Leire Díez desliza que la UCO pudo acceder a los listados de sus llamadas sin autorización judicial. Y es que los agentes, al solicitar el acceso a las comunicaciones, alertaron de que podía existir «algún dato borrado» en dichos registros. Esas «meras sospechas», señala el escrito de la exmilitante socialista, «no permiten en ningún caso» la vulneración del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones.
«Se ha adoptado una medida desproporcionada de injerencia al secreto de las comunicaciones durante un periodo de 5 años para confirmar los hechos presuntamente delictivos indiciarios que existen contra mi representada, que son simplemente la compraventa de un vehículo y el uso del mismo, por lo que no es una medida idónea para el buen fin de la investigación», concluye el escrito.
Por todo ello, la defensa de Díez reclama al juez que deje sin efecto el acceso a los registros de sus llamadas.
