La defensa de Díez reclamó al juzgado que fueran expulsadas de la causa de las grabaciones que efectuó el fiscal Ignacio Stampa en las que ella se presentaba como la «mano derecha» del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
También pidió la nulidad de las realizadas en el despacho del abogado Jacobo Teijelo de una reunión con el empresario Alejandro Hamlyn, que se encuentra huido en una causa por fraude de hidrocarburos, al que la ex mililante socialista pidió información que pudiera perjudicar al teniente coronel de la UCO Antonio Balas, y que provocaron la interposición de las primeras querellas contra ella.
En su petición al juez, la abogada de Díez alegaba que con estas grabaciones se habían vulnerado sus derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, al derecho a no declarar contra sí misma y, a no confesarse culpable, como garantías del derecho de defensa. El juez entiende sin embargo que con respecto a esta pretensión de nulidad «no procede, en este momento, emitir un pronunciamiento», ya que, según doctrina del Tribunal Constitucional, este tipo de alegaciones deben resolverse en la fase de cuestiones previas que se plantea al comienzo del juicio oral.
En el momento actual de procedimiento, indica el auto, existe «una imposibilidad material de adelantar aisladamente valoraciones sobre validez y eficacia» de los medios de prueba, «pues se corre el riesgo de respuestas incompletas y de hipertróficas soluciones excluyentes».
Sobre todo, abunda, «en un caso como en el que nos ocupa donde deberán valorarse las circunstancias concretas en que se produjeron las grabaciones en cuestión, cuyo tratamiento debe realizarse mediante prueba pericial». «Es cierto -añade- que puede mantenerse dialécticamente que nuestro modelo procesal responde a un principio de control difuso de las nulidades y que, por tanto, su declaración puede ser ordenada en cualquier momento del proceso. Pero no es menos cierto que la Ley procesal, con el espaldarazo explícito de la doctrina constitucional a la que antes nos hemos referido, sugiere momentos oportunos para la alegación y análisis».
En esta causa, el juez trata de dilucidar -en una causa abierta tras una denuncia de Hazte Oír- si Díez habría emprendido presuntas maniobras para recabar «información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales», con la meta de «anular o malbaratar» investigaciones que afectarían a políticos y empresarios.
En el audio sobre la conversación con Stampa, ella manifiesta que era la «mano derecha» de Santos Cerdán: «Soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado» y que la ha puesto el PSOE para «saber que hay detrás de todo esto» en referencia a presuntas irregularidades.
En un punto, Stampa pregunta a Leire Díez si el fiscal general Álvaro García Ortiz sabe de su encuentro, a lo que esta responde que no, aunque posteriormente sostiene que «lo va a saber» y que también lo va a saber «el jefe de Álvaro» y preguntada si se refiere al ministro o al presidente dice: «a todos».
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