El exministro recibe una pena de 24 años y tres meses de prisión, mientras que García ha sido condenado a 19 años y ocho meses, en línea con lo solicitado por la Fiscalía.
El empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio, aunque evitará la cárcel al suspenderse la ejecución de la pena por su colaboración en el esclarecimiento de los hechos.
La sentencia, aprobada por unanimidad tras el juicio iniciado el 7 de abril, concluye que los tres integraron una organización criminal con reparto de funciones para cobrar comisiones ilegales en adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia. Se les imputaban delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y falsedad documental.
El Supremo considera probada la adjudicación irregular de contratos por valor de 13 millones de mascarillas a organismos públicos, así como pagos y beneficios obtenidos por Ábalos, entre ellos ingresos periódicos, alquileres de viviendas y contratación de personas vinculadas a su entorno. También se fija una multa millonaria por uso de información privilegiada y diversas indemnizaciones a empresas públicas.
Según la sentencia, Ábalos solicitó y aceptó dos millones de euros a cambio de influir en los contratos. Además, se acreditan prácticas de enchufismo y pagos indirectos, incluidos alquileres de viviendas y retribuciones vinculadas a favores políticos.
La empresa adjudicataria multiplicó su facturación en 2020 tras lograr contratos públicos, pese a carecer de actividad previa relevante en el sector. La Fiscalía sostiene que parte de los beneficios obtenidos se destinó a pagar comisiones al exministro y su asesor mediante entregas periódicas de dinero y otras contraprestaciones.
La investigación también puso de relieve irregularidades en el proceso de adjudicación, como la selección anticipada de la empresa o la ampliación urgente del volumen de compra pese a existir ofertas más baratas y rápidas que fueron descartadas.
El caso se destapó en febrero de 2024 tras varias detenciones. Posteriormente, la causa pasó al Supremo por la condición de aforado de Ábalos. El exministro negó las acusaciones durante la instrucción, aunque finalmente fue imputado y juzgado tras dejar su escaño.
La pandemia facilitó este tipo de irregularidades al flexibilizar los controles de contratación, lo que permitió operaciones bajo condiciones excepcionales que, según la sentencia, fueron aprovechadas para obtener beneficios ilícitos.
