Se trata de una petición que el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Garamendi, ha repetido en distintas ocasiones a lo largo de la legislatura; la última vez una semana antes de las elecciones, cuando aseguró que “últimamente, los empresarios estaban sufriendo una campaña de acoso”. “A veces nos recuerdan a países de algún otro continente o a gobiernos realmente no democráticos”, criticó en alusión a las críticas recibidas en el último año por parte de la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, y otros miembros del gobierno.
Ahora, la CEOE y Cepyme han vuelto a pedir “responsabilidad” a los partidos políticos para que se “puedan alcanzar aquellos acuerdos que garanticen el mayor nivel de estabilidad posible y también la moderación necesaria para garantizar la buena marcha de la economía y la paz social”. Un mensaje que, sin mencionar directamente al bloque de la izquierda, les involucra, pues han vivido momentos de gran tensión en esta legislatura. El último de ellos fue en este mes, cuando Garamendi cargó contra el observatorio de márgenes empresariales creado por el Ejecutivo con el objetivo de mantener la competencia efectiva en los mercados y una distribución justa de las rentas. “La clase política debería preocuparse por las cuentas del Estado y dejar a las empresas trabajar”, dijo el presidente de la patronal.
Antes de este encontronazo, la CEOE dejó plantado al Gobierno en la negociación para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que ocasionó el descontento del Ministerio de Trabajo. En esa ocasión, Díaz le pidió a las empresas “estar a la altura del país” y aseguró que no era comprensible que “las grandes corporaciones, con beneficios históricos, no revaloricen con igualdad de criterios los salarios a los trabajadores de estas empresas”. La noticia de que Garamendi había obtenido un incremento salarial del 3% este año, hasta los 380.000 euros, solo tensó más la relación entre ambas instituciones.
En realidad, la reforma laboral fue el único momento en el que la patronal y el Gobierno consiguieron lograr un acuerdo, pues los empresarios también rechazaron la segunda fase de la reforma de las pensiones.
