Gualda confirmó que el holding público frenó la fusión entre Indra y EM&E al considerar insuficientes las medidas propuestas para gestionar el conflicto de interés derivado del doble papel de Ángel Escribano como presidente de Indra y propietario de la empresa. Por su parte, de la Rocha negó haber influido en su nombramiento o cese.
En la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Gualda explicó que la SEPI apoyó inicialmente el encaje estratégico de la operación, trasladado por sus consejeros en diciembre de 2025. Sin embargo, el posterior análisis técnico y jurídico concluyó que el conflicto de interés seguía siendo determinante. Aunque se adoptaron medidas como una comisión ‘ad hoc’, el organismo consideró que no bastaban y elevó su preocupación a la CNMV.
La comparecencia, solicitada por el PP para aclarar las instrucciones dadas a los consejeros de Indra —donde la SEPI posee cerca del 28%—, se produjo tras un primer aplazamiento por falta de aviso previo.
De la Rocha se desmarcó del relevo en la presidencia y defendió que esos procesos corresponden a los órganos de gobierno de las empresas. Aseguró que nunca pidió la dimisión de Escribano y enmarcó sus reuniones con él en contactos habituales con el sector de defensa.
Gualda subrayó que los conflictos de interés son habituales, pero este caso era singular al afectar al presidente. Defendió que las operaciones se gestan dentro de las compañías y que la SEPI no pudo pronunciarse formalmente hasta finales de 2025.
Sobre el relevo al frente de Indra, respaldó la elección de Ángel Simón y la separación de funciones ejecutivas, apostando por una presidencia no ejecutiva con experiencia en gobierno corporativo.
Finalmente, aludió al fracaso del proyecto europeo de caza FCAS y señaló que la SEPI pedirá a Indra un análisis inmediato de su impacto, confiando en que no afecte a la autonomía de la industria de defensa europea
