Con esta norma, que adapta al ordenamiento jurídico español el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (RIA), en vigor desde agosto de 2024, España se dota de un instrumento que permitirá “una supervisión humana» de la inteligencia artificial, según señaló en rueda de prensa tras el Consejo el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que defendió que esta ley “refuerza el liderazgo de España como potencia referente en una IA confiable y competitiva”.
Aseguró que con esta norma, España, que está siendo “ejemplo sobresaliente en el despliegue y adopción de la IA” con dos fábricas de IA de la UE, un proyecto de gigafactoría o un modelo propio de IA en español, ALIA, abandera también la apuesta por una IA ética.
“Esta ley es un ejemplo claro de la tercera vía europea: la que combina innovación, competitividad y derechos. Es una respuesta a una inquietud social clara; el 77% de la población española pide más protección de sus derechos digitales ante la IA”, destacó López, que celebró el «mensaje» que en ese sentido trasladó el Papa en su última encíclica por una IA «humanista».
El proyecto sigue los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno para hacer más seguros los entornos digitales, ya que exige responsabilidad a los responsables de la IA que usen sistemas prohibidos por la Unión Europea; impone la supervisión humana en casos que puedan afectar a los derechos fundamentales; promueve la transparencia algorítmica e incluye medidas específicas para la protección de los menores.
El proyecto de ley identifica en España los organismos de supervisión del Reglamento de IA y establece su régimen sancionador. Además, incorpora como novedad una serie de premisas para fomentar que en el sector público estatal se adopte la inteligencia artificial.
La ley establece un marco de gobernanza mediante la designación de autoridades notificantes y autoridades de vigilancia del mercado, encargadas de supervisar el cumplimiento de la normativa. Determina que aquellos productos ya regulados por normas sectoriales, como maquinaria, juguetes, vehículos o productos sanitarios, mantendrán su misma Autoridad notificante y Autoridad de Vigilancia del Mercado, en línea con la propuesta del Reglamento de IA.
El resto de los sistemas no regulados por legislación de producto, como los relativos al empleo, biometría o educación, se atribuyen principalmente a la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), así como a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en función del ámbito a supervisar. También promueve un modelo de colaboración institucional reforzado, incluyendo mecanismos de coordinación entre autoridades y un punto de contacto único para cuestiones de supervisión a través de la Aesia.
El Reglamento de IA, una norma pionera en el marco internacional que fue impulsado en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, constituye una norma armonizada de aplicación directa en todos los Estados miembros. Clasifica los sistemas de IA en función de su potencial riesgo para las personas, prohíbe aquellos que tienen un riesgo inaceptable para la seguridad o salud de las personas y establece las obligaciones que deben cumplir el resto para su puesta en servicio o comercialización en el mercado europeo.
A iniciativa de España, con el apoyo de Francia, el pasado 7 de mayo la Unión Europea acordó añadir dos sistemas prohibidos que se suman a los ocho en vigor: prohibir en todo el territorio comunitario la introducción en el mercado, puesta en servicio y el uso de sistemas de inteligencia artificial que generen ‘deepfakes’ sexuales, tras la polémica generada por los desnudos de mujeres y menores creados por Grok, el asistente virtual de la red social X, y que ya a mediados de marzo logró el apoyo de la Unión para ser incluida en la reforma del Reglamento.
En cuanto al régimen de sanciones, las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves, con multas que pueden alcanzar hasta los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio en los casos más graves y hasta 500.000 euros o el 0,5% del volumen de negocio en las más leves.
Otra de las aportaciones de la norma, que no procede de la adaptación del RIA, es impulsar el buen uso de la IA en el sector público estatal, medida que se incluye a petición de numerosas propuestas incluidas en la audiencia pública. Para ello, introduce la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos, no solo para sistemas de alto riesgo, reforzando la transparencia. Además, establece la figura del delegado de IA, que estará encargado de coordinar la aplicación normativa y asesorar en proyectos y contratación pública. Tanto el inventario como el delegado se desarrollarán por Real Decreto. Adicionalmente, se dará impulso a la formación y concienciación de los empleados públicos en materia de Inteligencia Artificial.
