Corredor, la presidenta de Redeia, ha hecho en el VII Foro Internacional una firme defensa de la capacidad de respuesta del gestor de la red tras el apagón ocurrido en España en abril de 2025, por lo que rechaza el expediente sancionador abierto por la CNMC contra la compañía participada por el Estado. «Red Eléctrica puede probar que no ha incumplido ninguna normativa; si todos los agentes hubieran respetado los parámetros técnicos del procedimiento de operación 7.4 (vigente desde el año 2000), el incidente no habría ocurrido independientemente de la regulación», detalló la primera ejecutiva del grupo eléctrico. En su opinión, «de los 65 expedientes abiertos, REE solo tiene uno y la CNMC lo va a archivar».
En Redeia respetan el trabajo «complejo» que ha tenido que abordar el supervisor del sistema pero «la compañía aportó más de 50 informes que no han sido tenidos en cuenta en la apertura del expediente, el cual considera que carece de la imputación de hechos concretos o tiempos determinados», remarca Corredor que asegura que debe defender los intereses de una compañíaa que «cotiza en Bolsa». Tras un año de trabajo y de investigaciones sobre el suceso eláctrico en al Península Ibérica, Corredor ha señalado que se pasó de un escenario teórico de seguridad N-1 (donde el sistema resiste el fallo de un dispositivo) a un escenario real de N-9 el día del incidente». La directiva ha aportado el último informe del panel de expertos europeos, que ha permitido identificar que las causas principales estuvieron ligadas a oscilaciones, desconexiones indebidas de autoconsumo y generación, y una falta de control de tensión por insuficiencia de absorción de reactiva. «Ante esto, Red Eléctrica ha impulsado una actualización normativa, ya que el procedimiento anterior no permitía que las renovables se incorporaran al control dinámico de tensiones, algo que la empresa venía solicitando desde 2020».
«Se han puesto en marcha 14 de las 15 recomendaciones del comité de expertos, incluyendo medidas normativas, técnicas y físicas. Entre las innovaciones destaca el control de la velocidad de variación de la tensión, un parámetro que antes no se consideraba relevante para la seguridad del sistema y que ahora se monitoriza en tiempo real junto a la frecuencia y la carga», ha detallado la presidenta de Redeia.
Para garantizar la seguridad mientras las medidas estructurales se terminan de implementar, se mantiene la denominada operación reforzada o modo seguro, que ha supuesto un coste de 711 millones de euroshasta abril. Corredor ha aclarado que este importe «representa aproximadamente el 2% del coste total del sistema y se traduce en unos 4 céntimos para el pequeño consumidor. Es importante destacar que estos ingresos no van a Red Eléctrica, sino a las empresas de generación que aportan la energía adicional necesaria para mantener los requisitos de control de tensión y seguridad de suministro».
