Según su defensa, la transcripción de las palabras de Pradas ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra que consta en la causa no refleja «en absoluto» la realidad de lo que dijo. «Una declaración tan detallada y de una duración tan extensa no puede plasmarse en 10 folios, en los que se hace una especie de ‘resumen’ o ‘esbozo’ de lo allí declarado […] no solo incompleto sino incorrecto y no puede ser considerado verdaderamente una transcripción».
La defensa subraya que la declaración se extendió durante casi tres horas y que Pradas respondió a unas 140 preguntas, con intervenciones «muy extensas y detalladas». Insiste en que este nivel de desarrollo no obedeció a un «capricho», sino a la gravedad de la causa, en la que se investigan más de 200 homicidios por omisión. Durante la comparecencia se abordaron cuestiones clave como la distribución de competencias en emergencias, la cronología del 29 de octubre, la información de la que disponía la exconsejera aquel día y el funcionamiento del Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado).
A su juicio, este nivel de detalle fue «muy ilustrador para el desarrollo de la investigación». Por eso, aunque la grabación esté incorporada a la causa, defienden que cualquier transcripción escrita que se remita a las partes debe reflejar fielmente lo dicho en sala, sin omitir fragmentos ni matices relevantes. También advierte de que en fase de instrucción, «de carácter eminentemente escrito», la transcripción debe respetar íntegramente el contenido original como garantía del derecho de defensa.
En su declaración el pasado 15 de abril, Pradas señaló a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por actuar de forma «negligente» durante la reunión de emergencia del Cecopi que se celebró en la tarde del 29 de octubre, el día de la tragedia en el que perdieron la vida 227 personas —219 en la Comunidad Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía—. Además, atribuyó la responsabilidad de las decisiones adoptadas a los técnicos presentes en la reunión del Cecopi, y explicó que el envío de la alerta de ES-Alert a la población se produjo cuando éstos lo recomendaron.
Este jueves, la magistrada acordó nuevas citaciones como testigos, entre ellas la del presidente de la CHJ, Miguel Polo, las de los alcaldes de Paiporta, Maribel Albalat, Catarroja, Lorena Silvent, y Sedaví, José Francisco Cabanes, así como la del entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, y la de otros ocho técnicos y responsables de Emergencias.
No obstante, Ruiz Tobarra se ha negado a que comparezcan como investigados, tal y como quería el exnúmero 2 de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso, que junto a Pradas es la única persona imputada en la causa. La magistrada considera que, de esta forma «solo estaría legitimado en su petición por quien ostenta la condición de perjudicado» y explica que ello requeriría una motivación específica que no se expuso en su petición.
También se ha negado a imputar a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Bernabé, que según la defensa de la exconsejera ostentaba la codirección del Cecopi durante la tarde en la que se produjo la DANA.
