Además, si cuaja, como persigue el Ejecutivo buscando la formulación que le permita recabar el apoyo de Junts y el PNV, convertiría a la banca española en la única de la Unión Europea que soporta una fiscalidad así. Sería una desventaja competitiva para entidades financieras que rivalizan en campo doméstico y fuera con bancos foráneos tradicionales y los feroces y crecientes neobancos y fintech.
Y trascendiendo efectos económicos y estratégicos para la banca nacional, cuyo impacto resulta ineludible ponderar, la medida colisiona con Europa. La Comisión Europea amparó los impuestos extraordinarios para atender los problemas ocasionados por la invasión de Ucrania por Rusia, pero en un reglamento dejó claro que estas figuras deben ser de carácter temporal en un contexto de coyuntura económica concreta, como era el caso de la inflación desbocada por la guerra, censurando su uso prolongado o perpetuo. A fecha actual y según un informe de la organización estadounidense sin ánimo de lucro Tax Foundation,España es la única gran economía de la Unión Europea (UE) que conserva un gravamen así -ni Francia ni Italia ni Alemania lo aplican-.
El BCE juzgó a su vez indeseable fijar tributos a la banca «con fines presupuestarios generales» como ahora se prevé imponer, al analizar un gravamen similar que proyectaba acuñar Lituania para emitir su dictamen. Por su parte, el FMI, como también ha hecho el BCE y el Banco de España, aboga por dejar dentro del balance de las entidades cualquier recargo así y reforzar su capital para fortalecer la capacidad de otorgar créditos, en línea con el tributo fijado en Italia. La intención de Moncloa va además a contracorriente de otras iniciativas que se mueven en Europa.
Alemania, Francia e Italia han instado recientemente a la Unión Europea a mostrar moderación en la elaboración de normas financieras y centrarse en impulsar la competitividad de su sector bancario. Las tres economías más grandes de la UE han formulado su petición en una carta conjunta dirigida al director general de Servicios Financieros de la Comisión Europea recogida por Bloomberg, con el objetivo final de aliviar la carga regulatoria que soporta la banca continental para que compita en «igualdad de condiciones» con otras jurisdicciones importantes. Su motivación es mejorar el marco regulatorio para que la banca gane competitividad y, por extensión, contribuya mejor al crecimiento económico.
La iniciativa ensambla con las conclusiones del llamado Informe de Enrico Letta, donde el exprimer ministro italiano y presidente del Institut Jacques Delors urge la integración del sector financiero, el energético y el de telecomunicaciones. En el estudio, encargado por el Consejo Europeo para identificar las trabas al adecuado funcionamiento del mercado único, concluye que fue un error dejar dichos sectores en manos de la dimensión nacional porque hoy no hay un solo mercado, sino 27, con empresas en cada ámbito sin la escala de los campeones chinos o estadounidenses.
La banca todavía ve lejos una mayor integración vía fusiones trasnacionales por que falta el Fondo de Garantía de Depósitos común, pero y sobre todo tropiezan con tantas normas de todo tipo como jurisdicciones, lo mismo que ocurre en materia fiscal. La extensión del tributo encara además la difícil justificación de que grava un beneficio extraordinario por la subida de tipos si se quiere evitar asumir que se penaliza a un sector sin más, explican fuentes financieras. Cuando entró el gravamen en marcha el euríbor rozaba el 3,3% por la escala de tipos del Banco Central Europeo (BCE). Subió el precio del dinero desde el 0 al 4,5%; ahora están en el 3,25% y el mercado espera que el euríbor baje el 2,25% el próximo año.
