Por tanto, esta figura tributaria cumple el objetivo marcado por el Gobierno de avanzar en una política fiscal más progresiva en el que se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen en un contexto de alza de precios por la guerra de Ucrania. Este impuesto afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio. Se trata de un impuesto estatal de carácter temporal para los años 2023 y 2024.
Para evitar la doble imposición, los contribuyentes del Impuesto de Solidaridad solo tributan por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su Comunidad Autónoma en el Impuesto sobre el Patrimonio. De esta forma, en el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas se aplica una deducción de la cuota satisfecha en el Impuesto sobre el Patrimonio. Eso es, se descuenta del pago de este nuevo impuesto lo abonado en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Por este motivo, la recaudación se ha obtenido, principalmente, de los grandes patrimonios de Comunidades Autónomas que tienen bonificado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio. La recaudación total por el Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas y por el Impuesto sobre el Patrimonio asciende en 2023 a más de 1.868 millones de euros.
Estas cifras son consecuentes con las previsiones del Gobierno que apuntaron que el potencial recaudatorio del impuesto de grandes fortunas alcanzaba los 1.500 millones, bajo el supuesto de que todas las Comunidades Autónomas aplicaran una bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Como estaba previsto, la mayor parte de los contribuyentes del Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas residen en comunidades que han renunciado a recaudar el Impuesto sobre el Patrimonio. Así, de los de los 12.010 declarantes, la mayoría corresponden a grandes patrimonios de Madrid (10.302 contribuyentes), que han aportado 555 millones de euros. Les siguen los contribuyentes de elevado patrimonio de Andalucía (865), que han abonado 29,7 millones; y los grandes patrimonios de Galicia (91), con una cuota a pagar de 9,8 millones. Las tres comunidades suman más del 95% de los contribuyentes y de la recaudación.
