El escrito, firmado por la mujer de Sánchez, provocó que la UTE que ella misma avaló por escrito recibiera un reguero de contratos públicos de hasta seis ministerios. Por el momento, la causa sigue bajo secreto de sumario.
Entre las personas que tendrán que acudir ante el juez se encuentran Alberto Martínez, director de la empresa pública Red.es; Luis Prieto, director de Economía Digital de la entidad; e Ignacio Espejo-Saavedra, director adjunto de la asesoría jurídica. De la misma manera, el magistrado ha acordado llamar también a declarar al empresario Carlos Barrabés, el amigo personal de la mujer de Sánchez que ha recibido una decena de contratos públicos cuyo valor supera los 16 millones de euros.
La figura que el magistrado ha usado para llamar a declarar a estas personas ha sido la de testigo. Es decir, los comparecientes, que tendrán que acudir al juzgado en los próximos días, tienen la obligación de decir la verdad. La última maniobra del juez Peinado antes que esta fue pedir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice un informe en el que analice de manera pormenorizada si las actividades empresariales de Begoña Gómez son susceptibles o no de un delito de tráfico de influencias.
El asunto, que continua bajo secreto de sumario, está avanzando a pesar de que la Fiscalía pidió hace varias semanas su archivo. El caso de la mujer de Sánchez está copando los titulares de la prensa internacional desde hace varios días como consecuencia de las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, que en un mitin de Vox dijo que Begoña Gómez era «una mujer corrupta». Por su parte, el jefe del Ejecutivo, ha dicho este miércoles en el Congreso de los Diputados que su mujer «es una profesional honesta, seria y responsable y que mi Gobierno es limpio».
