La enmienda fue presentada por el Partido Popular Europeo el pasado mes de octubre y puede constituir otro misil en la línea de flotación de los planes del Gobierno, que va de tropiezo en tropiezo.
La enmienda estaba firmada, entre otros, por el presidente del grupo del PPE, Weber, completamente alineado a las tesis de Núñez Feijoo; por la vicepresidenta de este Grupo, la española Montserrat, y por el eurodiputado Zarzalejos, y ha contado con el voto en contra de los socialistas, según explican los populares.
«El PSOE rechaza nuestra enmienda europea para proteger su amnistía para condenados por corrupción. Mientras Europa pide endurecer la lucha contra la corrupción, el PSOE quiere amnistiarla para seguir gobernando”, ha señalado Montserrat en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento de la Eurocámara, donde se ha dado el nihil obstat al nuevo redactado.
La enmienda de los populares ha contado con el voto en contra de los socialistas Esto también trae consecuencia de la reforma del Código Penal de diciembre de 2022 por la que, además de eliminar el delito de sedición, se rebajó el de malversación de fondos públicos siempre y cuando no hubiera un ánimo de lucro personal, todo ello a medida de los independentistas. No obstante, incluso el Gobierno, si bien indultó a los nueve condenados en el Tribunal Supremo por el procés, se trató de un indulto parcial, por el que salieron de prisión, pero se mantuvo la pena de inhabilitación, precisamente, por dedicar fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del 1-O de 2017.
Precisamente la nueva directiva «rechaza diferenciar entre corrupción para interés personal y para otros fines y exige un incremento de las penas en contra de la rebaja consecuencia de la última reforma del delito de malversación promovida por el Gobierno”, ha explicado Zarzalejos. La enmienda señala que «los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir cualquier indulto o amnistía de personas que hayan sido consideradas responsables de alguna de las infracciones penales contempladas en los artículos 7 a 14», referidos a los delitos de corrupción y de malversación de fondos públicos.
Los populares han puesto todas sus esperanzas en que sea la Unión la que pare los pies a Sánchez en su pretensión de amnistiar los graves delitos cometidos en Cataluña en 2017 y 2019 -con efecto desde enero de 2012- a cambio de asegurarse el apoyo de los siete diputados de Junts.
